El costo de la deuda pública
Cada 6 años se duplica la deuda pública de México. Supera ya los 11 billones de pesos al en el presente año, con lo que en último sexenio cada mexicano pasó de deber 47 mil 850 a 90 mil pesos.
Mientras la deuda mexicana se incrementa sexenalmente, este año, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal para reducir el gasto corriente e incrementar la inversión productiva, este año el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y que pretende sentar las bases para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, indican que en términos reales la inversión pública se incrementará un 8.5%, con lo que la inversión pública alcanzará un 15.68% del total del gasto programable; mientras que los subsidios en gastos de capital sufrirán una caída del 64.4%, el 61% del presupuesto se destinará a gasto corriente, el 21% a pensiones y jubilaciones y el gasto en pago de la deuda, comisiones, intereses y capital, representará el 15.62% del total del gasto neto.
Eso significa que de cada 100 pesos que gasta el Gobierno Federal, apenas 15 pesos se realiza en inversiones públicas, mientras que 64 se van a gasto corriente con lo que se pagan sueldos y servicios, incluidos 15 pesos para el pago de duda y 20 pesos más se destinan a pensiones.
En el último sexenio la deuda por cada mexicano pasó de los 47 mil 850 pesos a los 88 mil 186 pesos, eso sólo durante la gestión de Peña Nieto. Información de la Unidad de Crédito Público perteneciente a la Dirección General Adjunta de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el saldo de la deuda pública interna y externa de México. Hasta el último día de diciembre de 2019 la deuda total del Sector Público Federal alcanzaba los 11 billones 19 mil 212 millones 300 mil pesos: 63% interna y 37% externa; lo que representa un incremento del 100% de la deuda total bruta alcanzada por México al último día del mes de noviembre del 2012, cuando Felipe Calderón dejó la Presidencia.
La deuda externa contraída por México pasó en los 6 años del Presidente Peña Nieto de 124 mil 833 millones 600 mil dólares a 202 mil 355 millones 300 mil dólares; la interna de 3 billones 971 mil 511 millones 200 mil pesos a 7 billones 36 mil 273 millones 200 mil pesos.
La deuda pública por su origen se clasifica en interna o externa, de acuerdo a la residencia del poseedor de la deuda. La deuda interna son los financiamientos obtenidos en el mercado doméstico, mediante la colocación de valores gubernamentales y de créditos directos con otras instituciones que son pagaderos dentro del país. La deuda externa son los créditos contratados por el sector público con entidades financieras del exterior y pagaderos en moneda extranjera en las que se incluyen deudas con el mercado bancario público o privado internacional; mercado de capitales, que incluye la deuda colocada en el mercado de valores como BONDES D, BONOS M, BPA’S, UDIBONOS o Pagarés y, finalmente, la que contratamos con organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
De hecho, Felipe Calderón también duplicó la deuda total bruta de su antecesor: al término de su mandato México había adquirido una deuda de 5 billones 598 mil 991 millones 800 mil pesos: 71% interna y 29% externa; deuda que había incrementado en un137.76% a la recibida por su antecesor Vicente Fox en noviembre de 2006. Aquél Presidente de la alternancia había dejado al país con una deuda bruta total de 2 billones 354 mil 861 millones 300 mil pesos: 74% interna y 26% externa.
En las entidades federativas ha venido ocurriendo exactamente lo mismo, el caso de Baja California, por ejemplo, es síntoma de lo que ocurre en cualquier lugar de este país. En Baja California en enero de 2008, fecha en que se tiene el primer registro digital de Informe Financiero de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la deuda pública total alcanzaba los 6 mil 664 millones 227 mil pesos, de los cuales el 15% del total, unos mil millones de pesos pertenecían a los Ayuntamientos, y el resto al Sector central del Estado o a sus organismos estatales.
Al 31 de octubre de 2013, fecha en que José Guadalupe Osuna Millán deja el cargo de Gobernador constitucional y lo asume el actual Francisco Vega, la deuda total del estado se había más que duplicado alcanzando la cifra de 14 mil 555 millones 700 mil pesos: 4 mil 135 millones (28.41%) pertenecientes a los 5 municipios del Estado.
A cifras del 31 de marzo de 2019 la deuda pública de Baja California ha crecido a 19 mil 830 millones 745 mil pesos, incluyendo poco más de 2 mil millones que corresponde a la deuda contraída por el “Cupón Cero”. Del total de los casi 20 mil millones de pesos el 26.41% corresponde a los Ayuntamientos, 4 mil 685 millones de pesos, el resto, más de 15 mil millones de pesos al sector central del Gobierno del Estado o a sus organismos estatales. Es decir, a los 90 mil pesos por mexicano que debe cada bajacaliforniano, habría que sumar al menos 6 mil pesos adicionales de deuda contraída por el Gobierno del Estado y por el municipio.
Si el incremento en la deuda pública mexicana resulta alarmante, las condiciones de endeudamiento que ha propuesto el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en la Ley de Ingresos de la Federación aprobada por la mayoría en el Congreso de la Unión, autoriza al Gobierno Federal en su artículo segundo transitorio, a contratar en este 2019, primer año de López Obrador, un endeudamiento interno de 490 mil millones de pesos para el sector central y 5 mil 400 millones de dólares de deuda externa; adicionalmente se autoriza a PEMEX a contratar 4 mil 350 millones de pesos y sus empresas productivas subsidiarias y 3 mil 300 millones de pesos para la CFE; también autoriza la contratación de deuda externa por 5 mil 500 millones de dólares para el sector central, 6 mil 200 millones de dólares para PEMEX y un monto de endeudamiento externo de 5 mil 422.5 millones de dólares; en tanto que para la CFE se autoriza la contratación de deudas por 9 mil 750 millones de pesos de endeudamiento interno y 497.5 millones de dólares de deuda externa. Lo que significa que la deuda pública total de México estaría alcanzando, de llevarse a cabo estos financiamientos, los 11 billones 755 mil millones de pesos, 755 mil millones de pesos más, solo durante el primer año de gobierno del actual Presidente de México. En efecto, la Ley de Ingresos de la Federación aprobada para este año establece lo siguiente:
Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 490 mil millones de pesos (…)
(Párrafo 12)
Se autoriza para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 4 mil 350 millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 422.5 millones de dólares de los Estados Unidos de América (...)
Se autoriza para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 750 millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de 497.5 millones de dólares de los Estados Unidos de América (…)
Lo anterior, y de la lectura íntegra del artículo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación, no es distinto a lo que ha venido sucediendo en las anteriores administraciones. De hecho, no se especifica el destino del endeudamiento público que se pretende adquirir, lo conocemos por información dada a conocer por el Presidente de la República en sus conferencias mañaneras, en los Criterios Generales de Política Económica 2019 o en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado por el Congreso de la Unión. Ahí se especifican 18 de los 25 proyectos prioritarios del Presidente de la República con un monto total de gasto para su ejecución de 251 mil 600 millones de pesos, entre los que se encuentran 6 mil millones de pesos este año para el Tren Maya, 900 millones de pesos para el Tren Transístmico, 2 mil 500 millones de pesos para la construcción de caminos rurales, 18 mil millones de pesos para la modernización aeroportuaria y 8 mil millones de pesos para el Plan de Reconstrucción.
Al amparo del artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública, el Presidente de la República propuso este endeudamiento, pero, de la lectura del artículo segundo considero que existió una violación, como la ha venido existiendo en cada aprobación de la Ley de Ingresos por parte del Congreso de la Unión, al no proporcionar los elementos de juicio suficientes para fundamentar su propuesta.
Artículo 10.- El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los montos del endeudamiento neto necesario, tanto interno como externo, para el financiamiento del Presupuesto Federal del ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando los elementos de juicio suficientes para fundamentar su propuesta. El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos, podrá autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan. Cuando el Ejecutivo Federal haga uso de esta autorización informará de inmediato al Congreso.
Si alguna lección nos dejó la renuncia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Carlos Urzúa Macías, es que el Presidente privilegia sus programas y no la política conservadora de control de las variables macroeconómicas que ajustan finalmente el gasto público. Esto es así, porque Andrés Manuel ejerce como Presidente la disposición constitucional establecida en el artículo 80 de nuestra Carta Magna: “ Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”. Los mexicanos en la elección del 2018 votamos por un Presidente de la República que ejerciera las facultades establecidas en el artículo 89, en ellas está promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; de él depende de manera directa todo el aparato administrativo del Poder Ejecutivo, del cual es el Titular, es él el responsable de la conducción de las políticas públicas, no un Secretario de Estado que tiene la facultad delegada de quien propuso su nombramiento y que también, por cierto, puede removerlo.
En los hechos el Presupuesto de Egresos de la Federación es mayor en medio billón de pesos a la Ley de Ingresos de la Federación, ese medio billón que le falta al gobierno federal proviene de deuda pública que pagaremos en el largo plazo todos los mexicanos.
Mientras la Ley de Responsabilidad Hacendaria indica que cualquier contratación de deuda deberá destinarse a inversión productiva, entiéndase como obra pública, lo cierto es que este año al parecer no habrá mayor inversión, por el contrario, en términos reales la inversión pública se incrementará un 8.5%, que deflactado conforme a la inflación anual esperada del 4% de acuerdo a Banco de México, apenas será mayor en un 4.5%; con lo que la inversión pública alcanzará un 15.68% del total del gasto programable; mientras que los subsidios en gastos de capital sufrirán una caída del 64.4%. Así pues, el 61% del presupuesto se destinará a gasto corriente, el 21% a pensiones y jubilaciones y el gasto en pago de la deuda, comisiones, intereses y capital, representará el 15.62% del total del gasto neto.