¿Apoyo a la empresa o apoyo al gobierno?

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Mientras que en distintos países del mundo se ofrecen estímulos, prórrogas o condonaciones fiscales como una política económica que ayude sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que se verán afectadas por el Covid-19, en México se exhorta a los contribuyentes a no dejar de pagar sus impuestos.

El mensaje no sorprende, el presidente ha sido enfático desde el primer día de su gobierno en lo que respecta al tema fiscal; la rigidez sobre las no exenciones y no condonaciones se afianza por completo con la más reciente reforma constitucional al artículo 28. El mensaje desde la presidencia nunca ha sido uno que pretenda gustar a los empresarios mexicanos, por el contrario, el desgaste que sufre la relación entre el sector privado y el gobierno de la 4T es cada vez mayor. La política del presidente se encuentra encaminada al fortalecimiento del Estado como la mejor vía para reducir la pobreza y la desigualdad, y considera que el Estado ha sido mermado durante mas de 30 años con la llegada del pensamiento económico y político neoliberal.

Algo de cierto existe en el discurso, la economía neoliberal en su afán de acrecentar la riqueza y bajo el discurso fallido de que el frente del vagón cargado de riqueza haría avanzar por naturaleza al resto del tren, ha debilitado el poder del Estado y acrecentado la desigualdad. Así, el 1% de la población posee el 43% de toda la riqueza generada en el país. De acuerdo con la columnista Mexicana Viridiana Ríos en su artículo “El Estado Mexicano que no existe” publicado en el periódico el País el pasado 26 de marzo, “el presupuesto del Estado Mexicano es de aproximadamente 6 billones de pesos lo que corresponde a 23 puntos del PIB. […] En América Latina en promedio, los presupuestos de los países son 22% mas grandes. México tiene un Estado menor que el de El Salvador, Kenya y Zimbabwe, España por ejemplo tiene un Estado 78% mayor que el mexicano.” Lo cual por supuesto representa una problemática en los esfuerzos para combatir tanto el Covid-19 como los efectos que dejará a su paso.

Así pues, la problemática fiscal y económica que representa el Covid-19 debe ser abordada desde ambas visiones, por un lado el Estado Mexicano se encuentra ante la difícil, casi imposible tarea de, al igual que planean hacerlo otros miembros de la OCDE, mitigar los efectos económicos que traerá consigo la pandemia. Sin embargo, en su mayoría, los países miembro no se encuentran con los problemas presupuestarios, de corrupción, poblacionales y de pobreza con los que se topa el Estado Mexicano.

El mensaje se entiende desde el planteamiento de Estado que gusta al presidente y a los miembros más arraigados a la ideología estadista de la 4T, primero el Estado, primero los pobres. Sin embargo, en tiempos del Covid-19 el mensaje esta equivocado, al menos en el enfoque.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 72% del empleo nacional y generan aproximadamente el 52% del Producto Interno Bruto. Mientras que dentro de estas las micro empresas representan aproximadamente el 95%, siendo un total de aproximadamente 4.2 millones de micro empresas en el país, por lo que, el apoyo de un millón de créditos de 25 mil pesos a cada una, anunciado por el presidente para los “pequeños empresarios” representaría apenas un apoyo al 25% de este sector, lo cual por supuesto no representa de ninguna manera un apoyo real que sirva para mitigar los terribles impactos económicos que traerá consigo el Covid-19.

Por otro lado, han sido algunos estados quienes a falta de una integración política entre la Federación y las Entidades Federativas han tomado la batuta de diferir el pago del impuesto a la nómina de marzo y abril, así como la reducción en el pago de algunos derechos, ya que por parte de la Federación, fuera del supuesto apoyo de un millón de créditos de 25 mil pesos a micro y pequeñas empresas, no ha existido pronunciamiento respecto de subsidios o prórrogas en contribuciones federales y resulta complicado pensar que puedan ser decretadas con posterioridad.

El sector privado buscaba apoyos en el pago de impuestos federales, ya fuera en el Impuesto Sobre la Renta sobre la declaración anual del 2019 o los pagos provisionales del ejercicio fiscal 2020, que además, deben ser calculados con el coeficiente de utilidad del ejercicio anterior, por lo que las empresas pueden enfrentarse a problemas de liquidez.

Igualmente, se pretendía se pudieran otorgar prórrogas, ya fuera en el pago de Impuesto Sobre la Renta o bien para los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado. Sin embargo, resulta prácticamente imposible imaginar que el Ejecutivo Federal considere prórrogas exentas de sanción en cuanto a estas contribuciones se refiere, siendo que por igual urge al Estado obtener ingresos suficientes para hacer frente a la situación que se vive en materia de salud pública, por lo cual, difícilmente se considerarán medidas respecto de un ingreso que para la Federación representa casí el 50% de sus ingresos totales esperados para este ejercicio fiscal.

No obstante, existen otras contribuciones sobre las cuales podrían decretarse apoyos para el sector privado,  por ejemplo: subsidios temporales a las contribuciones en materia de seguridad social y vivienda, mayor eficiencia en los procesos de devolución de Impuesto al Valor Agregado, eliminación de multas o recargos por pagos extemporáneos, permitir temporalmente la compensación universal, así como la disminución de las tarifas arancelarias en materia de importaciones bajo el uso de las facultades estipuladas para el titular del Ejecutivo Federal en el artículo 131 Constitucional, con lo que podrían disminuirse algunas cargas para las empresas y patrones.

Así pues, el Ejecutivo Federal no debe permitirse en su afán de no ayudar a unos pocos, terminar sin apoyar a nadie, debiendo pensar que la mayoría de los contribuyentes no son considerados como grandes empresas, sino como micro o pequeñas empresas, por lo que si el enfoque de su discurso es correcto, los estímulos, subsidios o prórrogas fiscales aunque pudieran terminar por auxiliar a unos cuantos grandes contribuyentes, son en realidad las micro, pequeñas y medianas empresas quiénes mas podrían verse beneficiadas, las cuales además de contribuir con casi un 52% del Producto Interno Bruto, no pueden considerarse dentro de ese 1% de la población beneficiada por las políticas neoliberales. Por ello, el Ejecutivo Federal no debe dudar en apoyar realmente a los que mas lo necesitan, considerando además que son estas empresas quienes representan el 72% del empleo nacional y que si no son utilizados los instrumentos fiscales que tiene a su disposición el Estado como una medida real de mitigación al impacto económico que se vive durante y posterior a la pandemia, la recaudación del presente ejercicio fiscal obtendrá cifras muy por debajo de lo esperado y se perderán mayores empleos.

Así pues, no es factible pretender que las micro, pequeñas y medianas empresas se mantengan al margen en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales y laborales bajo las circunstancias económicas actuales y futuras que se ven drásticamente afectadas por causas de fuerza mayor, siguiendo así una de las máximas jurídicas mas importantes, “impossiblium nulla obligatio” a lo imposible nadie esta obligado. De acuerdo con el Doctor Luis Javier Moreno Ortiz en su escrito “La Encrucijada del Poder”, el postulado significa: “Si lo imposible no puede ser, resulta obvio que deber serlo o deber hacerlo tampoco puede ser. De ahí que, como hace mucho tiempo sentenciaron los antiguos: nadie está obligado a lo imposible. Por firme y fuerte que sea el poder, o por legítimo o correcto que se estime su ejercicio, o por cualquier otra consideración dada o por dar, siempre acaba destruyéndose cuando se topa con el infranqueable obstáculo de los límites de la posibilidad. El poder se torna impotente y absurdo cuando aspira a lo imposible”.