#GobiernoEspía

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Activistas de diversas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., presentaron un informe que nos pone en alerta en las redes sociales con el hashtag #GobiernoEspía, en el que como todos sabemos los periodistas “serios” de nuestro país están indignados por el espionaje ilegal del que son objeto, pues el Gobierno Federal presuntamente emplea un malware “pegasus” para infectar y extraer información de teléfonos celulares de periodistas y activistas.

El empleo de alta tecnología para el espionaje de activistas y periodistas provocó que los defensores de derechos humanos y periodistas serios se aliaran para exigir al Gobierno mexicano una explicación de lo que se conoce como vigilancia sistematizada, la reconocida periodista Carmen Aristegui reclamó a EPN que tiene que dar explicaciones, además, recordó que en México existen sospechosas conductas institucionales y corrupción, sostiene que cuentan con pruebas científicas que delatan a quienes han espiado a periodistas y activistas.

Lo sorprendente de la investigación de Aristegui es que vincula a la inteligencia mexicana Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y a la Procuraduría General de la República (PGR), además demanda que se haga público lo que se hizo con la información.

Ahora bien, a nivel internacional en relación con los hechos The New York Times, publicó un artículo “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”, escrito por Azam Ahmed y Nicole Perlroth, en donde a grandes rasgos contiene una entrevista a Eduardo Guerrero un ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y menciona que no se puede justificar la intervención, pero en México, nadie pide permiso para hacerlo; al respecto la Presidencia de la República, en la cuenta de twitter de Eduardo Sánchez H., aparece la réplica al editor de la revista internacional, en donde para no variar, se negó la existencia de pruebas y que las agencias mexicanas sean responsables de espionaje.

De acuerdo con los hechos, a los ciudadanos de a pie lo que nos debe alarmar es que el regreso del supuesto nuevo PRI., significa el regreso en el ejercicio de mañas o métodos para silenciar a los activistas y periodistas serios, no es sorpresa que los implicados en la infección de sus teléfonos son los investigadores de los casos de corrupción del ex Gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte, y del ex director de la Comisión Nacional del Agua, también apunta a investigadores que trabajan para conseguir una reforma legal anticorrupción conocida como la Ley 3 de 3, que generó resistencia por la clase política; a quienes trabajan en el informe final sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya o la tortura sexual en Atenco; a quienes trabajan en la exoneración de EPN por el conflicto de interés de la casa blanca; y trabajos como las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán por parte de la Policía Federal.

Finalmente, los gobernados debemos poner especial atención en que los métodos de espionaje no crucen la línea hacia un recuento de periodistas asesinados, pues tan solo en 2017 las bajas son: Cecilio Pineda Brito de La voz de tierra caliente en Guerrero; Ricardo Monlui del Diario de Xalapa; Miroslava Breach del periódico Norte de Ciudad Juárez; Maximino Rodríguez corresponsal de El Heraldo y Excélsior, así como de Colectivo Pericú; Filiberto Álvarez de Radio de Morelos; y Javier Valdez de RíoDoce en Sinaloa; desafortunadamente la cuenta podría incrementarse, dado que en México de acuerdo con datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF) nuestro país ocupa el tercer lugar en el ranking de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; aunado al hecho de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR., contabiliza 105 periodistas asesinados de 2000 a 2016.

En consecuencia, nos podemos preguntar si en México se siguen cometiendo graves delitos y violaciones a los derechos humanos, como es posible que nuestra Carta Magna, así como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos consagren la libertad de pensamiento y expresión, y que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos refiera que la libertad de expresión es un valor, que si se pierde, pone en peligro la vigencia de los principios esenciales para la existencia de una sociedad democrática, por lo que la protección del derecho de expresar la ideas libremente se torna fundamental para la plena vigencia del resto de los derechos humanos; de tal manera que sin libertad de expresión no hay una democracia plena, y sin democracia el derecho a la vida y la propiedad están en serio peligro.

De un silogismo aristotélico podemos concluir que si en México se viola sistemáticamente la libertad de expresión; luego entonces, no contamos con una sociedad democrática plena, y la vida y propiedades de los mexicanos están en serio peligro; lo cual se confirma con la existencia del espionaje gubernamental con el malware “pegasus”; con el asesinato de 105 periodistas de 2000 a 2016; con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; la masacre de Tlatlaya o la tortura sexual en Atenco; las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán; etc., etc.