Fiscalización del Gasto de los Partidos Políticos
En 2012, año de proceso electoral en que se eligió Presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, el Instituto Federal Electoral solicitó 15,953.9 millones de pesos, de los cuales 10,661.4 millones de pesos fueron para gastos de operación y 5,292.5 millones de pesos se destinaron al financiamiento público de los partidos políticos, para su aplicación en 32 entidades federativas.
En 2013 el presupuesto solicitado por el órgano electoral federal asciende a 11,019.8 millones de pesos, de los cuales 7,277.0 millones de pesos se encuentran asignados para el gasto de operación y 3,742.8 millones de pesos se aplican para el financiamiento público a los partidos.
Al analizar la información anterior, identificamos que en 2012 los recursos destinados a los partidos políticos representó, aproximadamente, el 33.17% del total de los recursos asignados; mientras que en 2013 el gasto de los partidos políticos representa un total del 33.96%.
En 2013, el porcentaje asignado a los partidos no se incrementó de forma significativa respecto a 2012, pero es relevante señalar que en el presente año sólo hay elecciones en 14 de las 32 entidades federativas, a diferencia del año pasado.
Como podemos observar, se mide en miles de millones de pesos el gasto de recursos públicos que realiza el órgano electoral federal para organizar las elecciones, así como el financiamiento para la operación ordinaria y las campañas de los partidos políticos, sin considerar que ya no se cuantifican los gastos que antes se erogaban por la contratación de propaganda en radio y televisión, en virtud de que la ley prevé que el órgano electoral federal administra los tiempos que le corresponden al Estado en materia electoral.
La información sobre la aplicación del presupuesto por parte del órgano electoral federal, podríamos decir, nos es más familiar que la relacionada con los gastos de los partidos políticos.
Esto se explica porque el instituto electoral, como entidad pública, se encuentra sujeta a obligaciones de transparencia; y por su propia naturaleza, frecuentemente hace pública información sobre su operación, por política de comunicación social o a solicitud de los propios partidos políticos.
Sin embargo, los ciudadanos, en general, desconocen cuáles son los gastos en que incurren los partidos políticos y por qué se elevan a miles de millones de pesos.
En la sociedad existe una idea generalizada de que se despilfarran nuestros impuestos en las campañas electorales y de que no existe el más mínimo control por parte del órgano encargado de organizar las elecciones. Esta idea constituye una herencia de nuestra cultura política y es necesario erradicarla con la aplicación irrestricta de la legislación y normatividad en materia de fiscalización de los recursos partidarios.
En este sentido, es importante que la sociedad tome conocimiento y conciencia de cuál es el órgano responsable de verificar el gasto de los partidos políticos, de los procedimientos que se aplican y de los resultados de dicha fiscalización: dictámenes, informes, sanciones, etcétera.
Al respecto, el Instituto Federal Electoral cuenta con un órgano que, precisamente, se encarga de realizar esa vigilancia: la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
De hecho, el artículo 79 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que esta Unidad es el órgano técnico del Consejo General del Instituto que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento (no sólo público), así como sobre su destino y aplicación.
En el citado Código se indican las facultades de la Unidad Técnica, entre las que se destacan, las siguientes:
- presenta el proyecto de Reglamento de fiscalización y los acuerdos para regular el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos políticos;
- emite normas generales de contabilidad y registro de operaciones;
- vigila que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a sus actividades previstas en la normatividad aplicable;
- recibe y revisa los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos,
- requiere a los partidos información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria;
- ordena la práctica de auditorías a las finanzas de los partidos políticos;
- ordena visitas de verificación a los partidos políticos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes;
- presenta los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos y, en su caso, propone las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable;
- proporciona a los partidos políticos orientación, asesoría y capacitación para el cumplimiento de sus obligaciones;
- presenta el proyecto de Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos e instruye procedimientos administrativos;
- celebra convenios de coordinación con las autoridades competentes en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos en las entidades federativas; y
- requiere información de personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación con las operaciones que realicen con partidos políticos.
La labor de esta Unidad Técnica es muy importante, porque al aplicar la normatividad establecida en el referido Código, en el reglamento de fiscalización y en el reglamento de procedimientos en materia de fiscalización, además de otras disposiciones, puede revisar, analizar y confrontar la documentación comprobatoria que presentan los partidos para explicar el manejo de los recursos que les fueron asignados.
Asimismo, los informes que presentan los partidos políticos atienden a un formato homogéneo que facilita la revisión de la Unidad, así como la verificación de los requisitos que deben reunir. Es decir, cada partido político se encuentra obligado a presentar información y datos en los términos que los solicita el Instituto Federal Electoral.
La equidad en la contienda electoral, el uso responsable de los recursos públicos y la complejidad de los procesos de selección interna de candidatos conlleva que los partidos políticos presenten, de forma frecuente, informes sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos o privados que reciben.
Lo anterior, ha exigido que los órganos partidarios responsables tengan que presentar, incluso, cientos o miles de informes, tomando en consideración el número de precandidatos registrados y participantes por cada una de las diputaciones federales o senadurías a postular en una elección.
Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización ha tenido que desplegar una infraestructura material, técnica y humana para llevar a cabo la revisión, análisis y dictamen de miles de informes que presentan los partidos políticos nacionales.
Esta obligación de que los partidos políticos rindan cuentas de sus gastos requiere que cuenten con militantes y cuadros especializados en materia de fiscalización y, de forma particular, requiere asesoría, orientación y capacitación por parte de la referida Unidad.
Los partidos políticos están conscientes de que el incumplimiento de plazos, el rebase de topes de gastos de campaña, o bien, errores u omisiones, incluso involuntarios, les pueden provocar consecuencias graves como, por ejemplo, la cancelación del registro de una candidatura o sanciones económicas de cientos de millones de pesos.
Los informes de la Unidad Técnica deben especificar las irregularidades en que incurran los partidos políticos en el manejo de sus recursos y, esto, por lo regular, incluye datos y/o anexos probatorios que resultan muy interesantes para la autoridad electoral, así como estratégico, políticamente hablando, para el resto de las fuerzas políticas.
Sin embargo, es necesario hacer énfasis en que los resultados de la fiscalización deben estar disponibles para la sociedad de forma inmediata y sencilla. La información consolidada que proporcione el Instituto Federal Electoral debe constituirse en un referente sobre el comportamiento de los partidos políticos y sus candidatos.
En los documentos que se integran con motivo de la fiscalización podemos encontrar, según cada caso, los conceptos y el detalle de las erogaciones de los partidos; en qué gastan nuestros impuestos; que artículos promocionales compran y a qué precio; cuánto dinero canalizan a su nómina; cuántos apoyos económicos asignan a sus militantes; a cuánto ascienden las cuotas y quiénes las pagan; cuánto pagan por cursos de capacitación y a quiénes van dirigidos; cuánto cuestan sus publicaciones y cuál es el tiraje; qué partidos dan cumplimiento a las disposiciones para impulsar el liderazgo político de las mujeres; qué partidos y cuántos recursos han gastado en renta de hoteles, ropa y artículos de lujo; que donaciones se han recibido y de quiénes; o qué erogaciones se han realizado a precios muy por encima del mercado; sólo por mencionar algunos ejemplos.
Los electores debemos ejercer a plenitud el derecho de estar debidamente informados para ejercer nuestro voto. Los resultados de la fiscalización nos aportan datos concretos sobre el perfil de candidatos y partidos, a la vez que los exhibe de forma previa a nuevos procesos electorales.
Cuando se conocen los resultados de la fiscalización identificamos la congruencia en los discursos y en los actos de campaña. Este es el momento en que la estrategia electoral cede el paso a la realidad y, con ello, se promueve el voto razonado y consciente.
