Afiliación Involuntaria a Partidos y Agrupaciones Políticas

• Imprimir
• Correo electrónico

Uno de los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos es el de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Sin embargo, es lugar común que la afiliación a estos institutos políticos e, incluso, a otras agrupaciones políticas, ocurra de forma involuntaria; es decir, que en ningún momento medie la voluntad o el deseo de la ciudadanía de hacerlo.

Frecuentemente, hemos sido testigos de casos en los que ciudadanas y ciudadanos son los primeros sorprendidos en aparecer en el padrón de militantes de un algún partido político o de alguna agrupación de esta naturaleza.

En algunos casos, la ciudadanía es víctima del engaño, del abuso a su buena fe y/o del lucro a sus necesidades, ya que ante la necesidad de realizar trámites administrativos, contratar o usar diversos servicios, y obtener apoyos sociales, a veces, tiene que proporcionar la información de su credencial de elector, así como otros datos personales, a personal de instituciones públicas y privadas, gestores sociales, líderes y otros “distinguidos personajes” de la vida política y social que hacen un mal uso de ellos.

El llenado de un número determinado de cédulas de afiliación es necesario para que organizaciones de ciudadanos se constituyan como partidos o agrupaciones políticas y, entonces, puedan recibir financiamiento y/o prerrogativas. Pero eso no es todo, ya que una vez constituidos éstas organizaciones tienen que mantener el número mínimo de afiliados previsto en la ley, lo que les exige llevar a cabo campañas y estrategias de afiliación, en las que no faltan quienes hacen un uso ilegal de los datos personales de la ciudadanía.

En el contexto de las campañas electorales, las organizaciones políticas buscan incrementar su número de afiliaciones, mientras que sus líderes experimentan una competencia por demostrar quien cuenta con un mayor número de adhesiones en espacios de tiempo reducidos y, en ocasiones, en condiciones adversas, lo que propicia las afiliaciones involuntarias.

La afiliación involuntaria no solamente implica que no haya intervenido el deseo de una persona, sino que, a veces, haya sido en “contra de su voluntad” y, otras, mediante la coacción o el uso de la fuerza.

Estas prácticas de afiliación tienen una honda raíz histórica y cultural en nuestro país, y ocurren a flor de piel sobre todo el cuerpo del territorio de la República Mexicana. Para no retroceder demasiado en el tiempo, sólo referiré que desde principios de la década de los noventa del siglo XX, recién fundado el Instituto Federal Electoral, hasta nuestros días, ya en la transición hacia el Instituto Nacional Electoral, la afiliación involuntaria es una distorsión política y un delito electoral que no se ha podido erradicar.

Tampoco debe pasar desapercibido que también existen ciudadanas y ciudadanos que han encontrado en la afiliación a estas instituciones políticas un modo de vida, así como una forma de obtener recursos económicos o en especie. Hay quienes llenan cédulas de afiliación a diversos partidos o agrupaciones y cuentan con sus respectivas credenciales para “lo que se pueda ofrecer” en cada campaña o en los períodos entre campañas.

En la búsqueda del registro de candidaturas independientes a diversos cargos de elección popular algunas (os) aspirante han denunciado ante la opinión pública la oferta de “servicios de afiliación”, tema que debe preocuparnos aún más, sobre todo, si se pensó que había sido suficiente prohibir la afiliación corporativa o debilitar a alguna organizaciones gremiales.

Después de tantos años y, aun contando con las herramientas tecnológicas, las acciones institucionales han sido insuficientes para detener la falsificación de cientos y miles (algunos sugieren millones) de firmas en cédulas de afiliación.

En este sentido, se requiere una acción más enérgica por parte de los órganos encargados de realizar la verificación de afiliaciones, un compromiso decidido de las autoridades electorales y un cumplimiento estricto de la ley de la fiscalía responsable de perseguir este tipo de delitos.

Finalmente, urge un marco legal que ataje este delito electoral y que los órganos electorales realicen una campaña en contra de la afiliación involuntaria; que pongan a disposición de la ciudadanía los mecanismos y sistemas informáticos para que puedan, de forma ágil y permanente, verificar que no hayan sido afiliados de forma involuntaria; que indiquen el procedimiento para que sus nombres puedan ser dados de baja de forma inmediata de los padrones de militantes y que prevean el acompañamiento a los agraviados para que formulen las denuncias respectivas en contra de quien haya falsificado sus firmas.