Planeación del Desarrollo II

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Con la finalidad de normar adecuadamente el proceso de planeación nacional, en diciembre de 1982 el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado sometió a la consideración del H. Congreso de la Unión, una Reforma Constitucional, a fin de incorporar el capítulo Económico a la Carta Magna.

III.La Planeación del Desarrollo Vigente

Derivado de lo anterior, el Artículo 25 constitucional estableció que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la propia Constitución.

Es importante destacar que la propia Constitución establece las características que deben privar en la planeación del desarrollo nacional. Destacan los siguientes aspectos:

Que el Sector Público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que señala el párrafo cuarto del Artículo 28 Constitucional, sobre las cuales el Gobierno Federal mantendrá siempre la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso establezca.
Destacan entre las Áreas estratégicas, las siguientes: correos, telégrafos, petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos, generación de energía nuclear y electricidad.

Que el Sector Público podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la Ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

El artículo 25 de la propia Constitución, establece que la comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional y que el Estado, al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

Que el Estado apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado, bajo criterios de equidad social y productividad, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

Destaca que no es de interés la participación del Estado en áreas no prioritarias para el desarrollo nacional.
En el periodo 1982 – 2012, se han elaborado y puesto en operación cinco Planes Nacionales de Desarrollo, cada uno de ellos con vigencia sexenal, como lo establece la Constitución. Esto, sin lugar a dudas, es un gran avance.

De igual forma, el modelo económico delineado en los años ochenta, se ha mantenido en lo fundamental, lo que también, sin lugar a dudas, es otro avance.
Destaca también, que en todos los casos, el tema económico ha ocupado un lugar relevante, sea por la necesidad de "vencer la crisis" o por la preocupación de impulsar "la recuperación o promocionar el crecimiento".
En todo caso, un primer resultado lo tenemos en la estabilización de las principales variables macroeconómicas, como se deriva de los siguientes hechos:

La inflación que en 1982 fue de 98.8% y que incluso llegó a alcanzar niveles de 159.1% en 1987, se ha abatido a niveles de alrededor del 4% anual. En 2011, incluso, fue de sólo 3.82%.

Las Reservas Internacionales de la Nación, que administra el Banco de México, pasaron en el mismo lapso de niveles del orden de 3,000 millones de U.S. dólares (incluyendo la Reserva Secundaria del Banco de México), ascendieron al cierre del añ0 2011 a 142 mil 700 millones de dólares. Esa cifra se elevó, al mes de noviembre de 2012, a 162 mil millones de U.S. dólares.

El comercio global de México (importaciones mas exportaciones de bienes) que en 1994 ascendía a US Dls. 140 mil millones, en 2011 ascendió a US Dls. 700 mil millones.

El déficit fiscal, que en 1982 llegó a niveles equivalentes al 19% del PIB, se ha mantenido desde hace más de veinte años en cifras no superiores al 2% del PIB (excepto en 2010 y 2011, en que la superó). Lo anterior se observa favorable, si se compara con casos como los EEUU, que en los últimos años ha presentado un déficit fiscal negativo de más de 5% de su PIB.

De igual forma, la deuda externa del Sector Público de México, medida como porcentaje del PIB, alcanzó en 2011 un nivel equivalente al 31%, lo que contrasta con los elevados niveles de deuda de muchos de los países europeos (por ejemplo Grecia que llega al 150% del PIB e Italia, con 120%), e incluso los EEUU, que presenta niveles superiores al 70%.
Sin embargo, en materia de crecimiento económico, derivado de crisis internas y/o externas que nos han impactado, el crecimiento promedio máximo por periodo sexenal, no alcanza el 4%.

Ello nos lleva a un segundo resultado: el bajo crecimiento de la economía ha derivado en bajos niveles de generación de empleos formales y un avance poco significativo en materia de mejora en la distribución del ingreso, lo que ha traído como consecuencia, un importante crecimiento de la economía informal y la salida de trabajadores a los EEUU, buscando mejores oportunidades.

Para ejemplificar lo anterior, consideremos dos aspectos:

De acuerdo al XII Censo de Población realizado por el INEGI, en 2010, la población total del país ascendía a 112.336 millones de habitantes, de los cuales 23.6% corresponde a población con 14 años o menos de edad y 40.1% a población declarada "económicamente inactiva", lo que reduce la PEA a 51.3 millones de mexicanos, de los cuales 5.1% corresponde a "población desocupada".

La diferencia, es decir, 48.7 millones de personas es la población ocupada, de la cual el 82% percibe ingresos de hasta 5 salarios mínimos (el 8.5% no percibe ingresos), el 7.8% percibe ingresos superiores a 5 salarios mínimos y el 10.2% "no especifica" su nivel de ingreso.

Por la magnitud del problema, es evidente que éste no puede resolverse del todo en el corto plazo, que correspondería a un periodo sexenal, pero pueden sentarse las bases y fijar metas y estrategias de mediano y largo plazo.

Para ello, es necesario establecer una planeación de mediano plazo, que sólo podrá ser alcanzada en la medida que se transforme en una "Política de Estado" con carácter transexenal. Lo anterior implica la modificación de diversas leyes.

La magnitud del problema lo merece: no es sólo buscar la estabilidad macroeconómica, que por sí sola es un gran avance, sino los beneficios que ello debe redituar a la población en general.

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Escrito por Miguel Luis Anaya Mora