Gobierno Federal emplea caja china En el caso de los muertos de Egipto y olvida a los muertos de la Narvarte

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El gobierno de EPN con urgencia busca espacios en la caja china (TV) una vez cumplidos 3 años de un gris mandato, y que mejor que la tragedia de Egipto donde murieron 8 mexicanos en un ataque, de inmediato los reflectores inundaron los medios, y como ya es costumbre trastornan las fibras más sensibles del inconsciente colectivo.

La ofensa a flor de piel, provoca que funcionarios del gobierno federal se trasladasen a tierra de faraones quienes desde la constelación de Orión, observan el arribo de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, funcionarios de la dependencia, de la Secretaría Salud y de la Policía Federal, que sin duda siguen a pie juntillas el guión escrito al efecto.

Lo anterior genera gran confusión en el respetable, pues ante la muerte de 5 mexicanos el pasado 31 de julio de 2015, en la colonia Narvarte del Distrito Federal, jamás vimos que asomara la nariz un Secretario de Estado Federal y su comitiva, dado que sabios juristas concluyeron que ni el Gobierno Federal ni el Gobierno de Veracruz, tenían competencia para aparecer ante la lente de una moderna cámara de video 4k, en razón de que el asesinato se cometió en el Distrito Federal, por lo que éste debe ser investigado por la Procuraduría General de Justicia capitalina.

Ante tales eventos, provoca indignación que la Federación, el Distrito Federal y el Estado de Veracruz, desconozcan sus facultades para determinar la competencia del penoso asesinato de la Narvarte, consideramos que es incorrecta la determinación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que la dependencia no realizaría investigaciones, pues la autoridad competente es la Procuraduría capitalina, ésta desatinada decisión –estimamos-, resulta violatoria de derechos humanos como a continuación se demuestra:

En principio debemos destacar que entre las víctimas encontramos al periodista Rubén Espinosa Becerril y a la antropóloga-activista Nadia Vera Pérez; también se tiene conocimiento de una denuncia registrada en el 2013, ante la (FEADLE), dado que el periodista se refugió en la Ciudad de México, después de recibir amenazas en su contra en el Estado de Veracruz, hechos que obran en la carpeta de investigación 132/FEADLE/2013, referida por la publicación La Razón de México del 5 de agosto de 2015 (http://www.razon.com.mx/spip.php?article271623).

Luego entonces, debemos acudir al contenido del artículo 6 de la Carta Magna el cual refiere que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado; asimismo, el derecho humano a la libertad de expresión se encuentra reconocido por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Principio 9 el cual dispone que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.

En consecuencia, si la FEADLE es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión; por ende, dicha autoridad debió continuar con la carpeta de investigación 132/FEADLE/2013; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal agota las líneas de investigación, no obstante lo evidente de la violación al derecho humano de la libertad de expresión y la competencia del Gobierno Federal (FEADLE).

Por lo antes expuesto, las autoridades federales no cumplieron con el deber de proteger la vida de un periodista y una activista social, que un par de años antes habían denunciado que corrían peligro, tal situación agudiza la pésima imagen del país a nivel internacional, pues aunado a la muerte de los normalistas en el Estado de Guerrero y el regaño internacional que sufrió la nación por parte del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) –no obstante que la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR estime que no fue regaño-, sin duda motivaron que desempolvaran la caja china, y ahora vemos la profunda indignación que produce la muerte de 8 mexicanos en el extranjero, y por lo cual demandan cuentas claras. Así las cosas, nos seguimos preguntando si alguno de ustedes vio a funcionarios federales de visita en los United States, reclamado la muerte de mexicanos a sangre fría por los guardianes de la ley.