Reflexiones al Sistema Nacional Anticorrupción

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A unos días en que se cumpla el plazo establecido por el Congreso de la Unión para que se ponga en marcha el sistema nacional y los sistemas locales anticorrupción en la república mexicana, es conveniente recapacitar en lo siguiente: La corrupción en nuestro país trae grandes costos económicos, políticos y sociales, los cuales si se logran abatir con este sistema, todos nos veremos beneficiados ampliamente, estos costos los podemos señalar en la siguiente forma.

Costos Económicos

En países con mayor corrupción se invierte hasta un 5% menos, las empresas registran una pérdida del 5% en sus ingresos anuales, al país le cuesta el 10% del PIB abatir la corrupción, se pierden aproximadamente 480 mil empleos al año por efectos de la piratería.

Costos Políticos

La ciudadanía se encuentra insatisfecha del sistema democrático y se presenta una crisis de representación, la cual se refleja de la siguiente manera: el 91% no confía en los partidos políticos, 83% no confía en legisladores, 80% no confía en instituciones del sistema judicial, entre otros muchos porcentajes alarmantes.

Costos Sociales

El 14% del ingreso promedio anual de los hogares se destina a pagos extraoficiales, lo cual no permite lograr un bienestar familiar; además de que se presenta una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia1

El gobierno federal y los gobiernos locales en este momento tienen un gran reto, ya que si tomamos en cuenta que la economía está creciendo aproximadamente el 2% anualmente, no se puede permitir que un porcentaje tan alto de ingresos se pierdan o se vayan a la informalidad e ilegalidad.

El problema de la corrupción en México traspasa las ramas del poder, a los órganos de gobierno, partidos políticos, a todos los sectores sociales; no es una cosa particular de los empresarios o de los funcionarios públicos;  ya que la corrupción es un fenómeno que no distingue clase social, estrato socioeconómico, o actividad profesional. Es por ello que la corrupción se debe abordar desde dos puntos esenciales: la corrupción y la impunidad.

Para la mayoría de los mexicanos el 88% de la corrupción es frecuente, el 11% piensa que es poco frecuente, y el 1% restante se muestra indiferente ante los actos de corrupción, sin embargo, todos piensan que no tiene ninguna sanción.

El tratadista Stefhen D. Morris, ha señalado que corrupción son las conductas de los servidores públicos cuando éstos incurren en el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado o todo uso legal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal, político o simplemente como el uso arbitrario del poder.2

De ahí que la corrupción es un fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los modelos legales del sistema para favorecer intereses particulares, por lo cual podemos señalar que la legalidad es la que define lo que es o no la corrupción, de modo que sin legalidad, no habría corrupción.

Desde el enfoque de la actuación legal del servidor público, esta se encuentra delimitada y sancionada, por lo que va a implicar un distanciamiento entre los principios de legalidad, integridad, honestidad, responsabilidad, funcionalidad e interés público.

Cabe advertir que como actos de corrupción desde el punto de vista de la ilegalidad encontramos no solo conductas dentro del campo del derecho penal, sino también en el ámbito administrativo.

Con la reforma del año 2015, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define al Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los ámbitos de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

El 18 de julio de 2016, se publicó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción la cual tiene por objetivo fundamental establecer los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías en la Ciudad de México.

Esto significó un replanteamiento en la conformación de competencias entre los estados y la federación, en principio cada entidad federativa tiene su propia constitución y sus leyes, sin embargo, la ausencia de uniformidad en los catálogos de las faltas administrativas, de los delitos y de los procedimientos sancionadores ha ocasionado problemas en la interpretación y aplicación de la ley, lo que ha significado una dificultad para castigar a los sujetos implicados en actos de corrupción.

Con esta Ley General se busca la unificación de las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción, faltas administrativas, concretar las políticas públicas integradas en el combate a la corrupción, así como, la fiscalización y control de los recursos públicos. Además, se pretende la conformación de una base de datos nacional que sistematice y actualice la información que generen las instituciones competentes en el enfrentamiento a la corrupción.

En esta nueva reglamentación se tiene algo muy importante, lo cual consiste en que dentro del régimen de responsabilidades administrativas no solo se aplicará a servidores públicos, como sucedía antes, sino que ahora implica también a particulares que se vean vinculados a hechos de corrupción, criterio que da una gran aplicación para combatir este tipo de ilícitos.

Es por ello que como fin fundamental de la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción es generar una dinámica que busque establecer un entorno distinto en el funcionamiento del aparato Estatal y lograr una nueva imagen ante la sociedad.
 
Las entidades federativas que conforman nuestro país deben apresurarse en crear su legislación y órganos anticorrupción, pues hasta ahora sólo 9 estados tienen organismos anticorrupción y faltan 13 entidades por aprobar su cuerpo normativo para crear un sistema local anticorrupción, y el plazo se vence este 19 de julio.

Sin embargo, observamos que se presentan vicios o carencias en las reformas constitucionales y en las leyes del sistema local anticorrupción, en algunos estados particularmente en la integración de los comités de participación ciudadana, pues establecen que sean los Congresos locales los entes que designen a sus miembros y no una comisión conformada por ciudadanos como sucede a nivel nacional.

Otro gran desafío que se enfrentará con este nuevo sistema anticorrupción es que se logre convencer a la ciudadanía a que son los actores principales, se les debe sensibilizar a través de políticas públicas y de las instituciones educativas a que efectivamente serán escuchados en el comité de participación ciudadana el cual  llevará la voz de cada uno de ellos, la voz ciudadana en su conjunto, la voz de las organizaciones civiles, y por lo tanto tiene que estar abierto a cualquier tipo de sugerencia o denuncia.

Existen prácticas arraigadas que no solamente van haciendo una cultura sino una gran tolerancia hacia este tipo de actos de corrupción por parte de la ciudadanía, pero tenemos que modificar estas prácticas para que poco a poco se vaya modificando la cultura frente a los actos de corrupción, la única razón que justifica la participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción, es cambiar estas conductas desde la familia, desde las escuelas, desde las universidades y meter presión a los órganos que integran este nuevo sistema.

Sería un grave error no aprovechar la oportunidad histórica que tenemos hoy los ciudadanos para combatir la corrupción valiendo los esfuerzos colectivos que nos permitieron legislar un importante material de reformas que establecen una nueva plataforma para el desarrollo, el gobierno tiene hoy la responsabilidad de trabajar con todos los actores de la sociedad en esta nueva etapa de cambios de bienestar para México.

México necesita hoy un diálogo social que considere como prioridad el combate a la corrupción y la impunidad, tenemos que fortalecer una salida a base de confianza entre los ciudadanos y el gobierno en la que prevalezca la transparencia y la rendición de cuentas, en donde podamos lograr:

• Reconstruir nuestro estado de Derecho
• Reconocer la No Corrupción como un Derecho Humano
• Una buena coordinación entre autoridades
• Que no existan disputas competenciales
• Despolitizar, despartidizar, eliminar compadrazgos o nepotismo en la designación de las autoridades
• Recuperar la confianza de la ciudadanía
• Legitimar los resultados de las instituciones
• Dar resultados rápidos y transparentes

Es una gran oportunidad que tenemos todos, no la desaprovechemos, desde nuestro campo de acción por pequeño que sea, pongamos nuestra parte, es un largo camino el que tenemos que recorrer, no será fácil, ni rápido, pues como ejemplo tenemos Hong Kong que desde 1977 ha implementado sus medidas anticorrupción y ya está viendo resultados.

Referencias