Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Después de estar en el Congreso en discusión por más de dos años la iniciativa del 27 de agosto de 2010 presentada por el ejecutivo federal ante el reclamo de golpear a las organizaciones criminales donde más les afecta, sus finanzas, en días pasados se aprobó y expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Antecedentes

Como antecedente México es miembro desde el año 2000 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo objetivo es desarrollar sistemas de prevención como parte de una estrategia global para combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero.El GAFI define el lavado de dinero como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente. Este grupo ha emitido cuarenta recomendaciones en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Este conjunto de recomendaciones constituyen un estándar mínimo de acciones para ser incorporadas al marco legal tomando en cuenta las características propias de cada Estado para establecer un régimen para la prevención e identificación de operaciones relacionadas con los delitos referidos.

Conforme a las reformas del 28 de enero de 2004, las Instituciones Financieras que por la naturaleza de sus actividades conllevan un mayor grado de vulnerabilidad para ser utilizadas en el lavado de dinero han quedado sujetas a un régimen de prevención, identificación y alerta de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, conocido como régimen de prevención, es decir, lo que conocemos como la identificación que hacen las entidades financieras a sus clientes o usuarios en lo que respecta a operaciones relevantes, inusuales y preocupantes para sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, así como la restricción para la venta y compra de divisas.

No obstante los esfuerzos realizados, esta Ley viene a cubrir a los sectores de la economía distintos del sistema financiero.

Esta Ley, es exclusivamente de carácter administrativo, obliga a identificar a clientes o usuarios de las actividades vulnerables señaladas en la misma, conservando información y proporcionando reportes a las autoridades, para lo cual existen sanciones administrativas y delitos, aún cuando los recursos no sean de procedencia ilícita ya que para estos está la sanción en el Código Penal Federal.

En este sentido la Ley prevé cuatro medidas medulares:

1. Señalar cuáles son las actividades vulnerables de la economía que se consideran de alto valor y que constituyen uno de los principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada.

2. Restringir operaciones en efectivo.

3. La generación de información a través de reportes a las autoridades administrativas.

4. La creación de facultades de coordinación para que las autoridades puedan compartir cierta información con el objetivo de generar mejores estrategias para combatir la delincuencia.

Ley

La Ley denominada "LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA" fue publicada el pasado 17 de octubre de 2012, cuenta con 65 artículos, la Ley se encuentra estructurada en 8 capítulos, como sigue:

Capítulo I Disposiciones preliminares.
Capítulo II De las Autoridades
Capítulo III De las Entidades Financieras y de las Actividades
Vulnerables.
Sección Primera. De las Entidades Financieras.
Sección Segunda. De las Actividades Vulnerables
Sección Tercera. Plazos y Formas para la Presentación de Avisos.
Sección Cuarta Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas.
Capítulo IV Del Uso de Efectivo y Metales
Capítulo V De las Visitas de Verificación
Capítulo VI De la Reserva y Manejo de Información
Capítulo VII De las Sanciones Administrativas.
Capítulo VIII De los Delitos
Transitorios

Es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, su objeto es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Actividades Vulnerables y avisos.

Una de las partes medulares es señalar o indicar cuales son las actividades vulnerables de la economía donde el crimen organizado tiene interés de ocultar sus recursos de procedencia ilícita.

En el país existen sujetos dedicados a actividades legales que pueden llegar a ser utilizados e incluso obligados por las organizaciones criminales a llevar a cabo procesos de lavado de dinero. Son personas que por sus actividades o conocimientos, la naturaleza de sus servicios o los giros comerciales a que se dedican pueden usarse como medios de acceso para incorporar a la economía formal los recursos de procedencia ilícita, a estos sujetos se les conoce internacionalmente bajo el concepto de "GATEKEEPER"

Los abogados, contadores, auditores, fedatarios públicos, agentes inmobiliarios, proveedores de algunos servicios, fideicomisos, comerciantes de ciertos bienes, que por sus actividades intervienen en el movimiento de capitales.

A estas personas que realizan estas actividades se les impone la obligación de identificar al cliente o usuario, sin importar como se cubre la operación, es decir, no es exclusiva a operaciones en efectivo y deberán presentar un reporte o aviso a la autoridad correspondiente para que de seguimiento a la operación, es decir, por todas aquellas que lleve a cabo, no necesariamente provenientes o sospechosas de recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior se incorpora en el artículo 17, se entenderán por Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación, así como los supuestos para presentar aviso, las siguientes:

* En efectivo
** Cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa.
*** Cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte principal,

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados no darán lugar a obligación alguna.

No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación.

En muchos casos, se restringirá las operaciones comerciales en virtud, de que el cliente o usuario no permita identificarse.

Obligaciones para quienes realicen actividades vulnerables

Aquellas personas que lleven a cabo actividades vulnerables, la ley les impone las siguientes obligaciones:

• Identificar a los clientes y usuarios y verificar su identidad, basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de dicha documentación.
• Solicitar al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, (basándose en los avisos presentados en el RFC.)
• Solicitar al cliente o usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial o declarar que no cuenta con ella.
• Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte, así como la que identifique a sus clientes o usuarios.
La información y documentación deberá conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de 5 años contado a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable.
• Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación, y
• Presentar los Avisos en los tiempos y bajo la forma prevista.

Operaciones Prohibidas (pago)

Así mismo, se pretende obstaculizar la llegada de dinero en efectivo a ciertas actividades que son consideradas de lujo, tales como bienes inmuebles, vehículos, joyas, relojes, obras de arte, etc.

De conformidad con el artículo 32 de la ley, queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos, en los supuestos siguientes:

Coordinación Interinstitucional

Se crean nuevas facultades a la SHCP y a la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR para que puedan compartir los avisos o reportes con el objetivo de generar mejores estrategias para combatir la delincuencia, así como se da la posibilidad de establecer una coordinación interinstitucional con otras autoridades como son las bancarias, la policía federal y locales.

Infracciones y sanciones

Se imponen fuertes sanciones para aquellos que incumplan de manera administrativa con las obligaciones señaladas en dicha Ley, en la mayoría de los casos adicionalmente será una carga administrativa y económica para las personas obligadas y estas se apoyaran en sus contadores públicos.

Esta Ley, tiene su capitulado especial para las infracciones y sanciones, indicando que las multas que se determinen, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable.

* Del valor del acto u operación, cuando sean cuantificable, la que resulte mayor. Además Revocación de los permisos de juegos y sorteos y SEGOB impondrá sanciones correspondientes

La SHCP se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la SHCP, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió.

Notarios y Corredores Públicos, Agentes y Apoderados Aduanales.

Revocación de la patente al notario público, cancelación definitiva de la habilitación del corredor público y cancelación de autorización a los agentes y apoderados aduanales

Previo procedimiento que al efecto establezcan las disposiciones jurídicas que rijan las actuaciones de cada uno de ellos.

Por ser consideradas notorias deficiencias en el ejercicio de sus funciones, los siguientes supuestos:

• La reincidencia
• La violación a la presentación de avisos o participe en actos u operaciones prohibidos

Delitos

En el apartado de delitos se sancionará con prisión de 2 a 8 años y con 500 a 2,000 mil días de multa conforme al Código Penal Federal, a quien:

• Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban presentarse;
• De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos presentados.

Se sancionará con prisión de 4 a 10 años y con 500 a 2000 días multa conforme al Código Penal Federal:

• Al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la administración pública federal, del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría o de los órganos constitucionales autónomos que indebidamente utilice la información, datos, documentación o imágenes a las que tenga acceso o reciban, o que transgreda lo dispuesto, en materia de la reserva y el manejo de información, y
• A quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o divulgue, por cualquier medio, información en la que se vincule a una persona física o moral o servidor público con cualquier Aviso o requerimiento de información hecho entre autoridades, en relación con algún acto u operación relacionada con las Actividades Vulnerables, independientemente de que el Aviso exista o no.

En este caso se procederá indistintamente por denuncia previa de la SHCP o querella de la persona cuya identidad haya sido revelada o divulgada.

Las penas previstas, se duplicarán en caso de que quien cometa el ilícito sea al momento de cometerlo o haya sido dentro de los 2 años anteriores a ello, servidor público encargado de prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos.

A quienes incurran en cualquiera de los delitos, se les aplicará, además, una sanción de inhabilitación para desempeñar el servicio público por un tiempo igual al de la pena de prisión que haya sido impuesta, la cual comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.

Entrada en Vigor de forma Escalonada

La Ley entrará en vigor nueve meses siguientes al día de su publicación, es decir, si esta fue publicada el día 17 de octubre de 2012, entrara en vigor el 18 de julio de 2013.

El ejecutivo deberá emitir el Reglamento de la Ley dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la Ley, es decir el 18 de agosto de 2013.

La presentación de avisos se llevará a cabo por primera vez, a la entrada en vigor del Reglamento, contendrán los actos u operaciones celebrados a partir de en la entrada en vigor del citado Reglamento.

Las disposiciones relativas a la obligación de presentar avisos y las restricciones al efectivo, entrarán en vigor 60 días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento, esto es el 18 de octubre de 2013.

Conclusiones

Se establecen esquemas de flujos de información y apoyos entre diversas autoridades.

No debemos de olvidar que muchas personas no son sujetos de crédito y llevan por años operaciones de compra y venta en efectivo y más en lugares remotos o aislados del país donde no se reciben cheques o transferencias, es un problema cultural de pago, dejando en estado de indefensión a estos sujetos, fomentando un mercado inmobiliario y vehicular entre otros, irregular.

Esta Ley, tendrá un nuevo cambio de paradigma de formas para hacer negocios y transacciones económicas.

Para su cumplimiento las personas tendrán que originar cambios en sus procesos de operación y administración con cargas administrativas y económicas para evitar las fuertes sanciones establecidas en ella.

Las actividades vulnerables que señala la Ley en la actividad económica representan una gran cantidad de operaciones y estos le llegaran digeridos a través de avisos o reportes a las autoridades, las cuales, a través de ciertos indicios darán seguimiento al que ellos consideren conveniente, sin lugar a dudas, no se resolverá el problema de blanqueo de recursos al menos desalentara o intentara poner barreras para la inversión de los recursos del crimen.

Existe una confusión en el sentido de que dicha ley va a delitos de alto impacto, como son el narcotráfico, secuestro, extorsión, venta de armas, venta de vehículos, prostitución, trata de personas, etc., nada más erróneo ya que tiene el carácter de administrativo, es decir, identificar al cliente o usuario sobre aquellas actividades que son consideradas vulnerables y presentar los avisos y reportes a las autoridades, para lo cual la autoridad se apoya o le hacen la tarea los contadores públicos, abogados, notarios públicos, corredores públicos, agentes aduanales, entre otros.

Ahora que estamos en el nuevo paradigma de los derechos humanos, la ley en comento ¿Viola el derecho humano a la libre circulación de las personas y sus bienes que contienen los convenios internacionales celebrados por México?

En el derecho comparado, ninguna legislación penaliza el uso de efectivo.

En el fondo ¿Se ataca a la evasión fiscal, no al lavado de dinero?

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Escrito por Luis Eduardo Robles Farrera